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martes, 9 de octubre de 2012
a las 12:34 / Publicado por
Chiclana Hoy
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La apertura de estos puntos de atención ciudadana, previstos en todas las provincias andaluzas, forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera Elena Cortés en el Parlamento. Esta iniciativa es especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad que supone, ya que rompe la neutralidad de la administración ante este drama social.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, ha destacado que “en Cádiz y provincia esta oficina supone por fin la implementación de un auténtico instrumento institucional al servicio de quienes necesitan asesoramiento, protección o mediación en problemas de vivienda”. Asimismo, ha añadido que “la oficina se suma a una política que apuesta claramente por la dignificación de las condiciones en las que viven muchos ciudadanos, que precisan de herramientas reales frente al abuso, fundamentalmente, de entidades financieras, pero también de un Gobierno central que ha puesto contra las cuerdas a muchas familias sin recursos en los peores momentos de la crisis”.
Esta oficina de asesoramiento ciudadano, que desde esta mañana atiende ya a familias afectadas, cuenta con un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería. Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano. El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Una política generalizada
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.
Fomento y Vivienda abre la oficina de intermediación contra los desahucios de la provincia
La Consejería de Fomento y Vivienda ha procedido hoy en Cádiz a la apertura de la oficina de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema.
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El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, ha destacado que “en Cádiz y provincia esta oficina supone por fin la implementación de un auténtico instrumento institucional al servicio de quienes necesitan asesoramiento, protección o mediación en problemas de vivienda”. Asimismo, ha añadido que “la oficina se suma a una política que apuesta claramente por la dignificación de las condiciones en las que viven muchos ciudadanos, que precisan de herramientas reales frente al abuso, fundamentalmente, de entidades financieras, pero también de un Gobierno central que ha puesto contra las cuerdas a muchas familias sin recursos en los peores momentos de la crisis”.
Esta oficina de asesoramiento ciudadano, que desde esta mañana atiende ya a familias afectadas, cuenta con un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.
En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas, al personal funcionario que atenderá estos puntos. Las jornadas convocaron a más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería. Recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano. El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Una política generalizada
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.
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