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viernes, 23 de noviembre de 2012
a las 14:50 / Publicado por
Chiclana Hoy
De esta forma, según ha explicado Verdier, “el PSOE ha recurrido esta Ley al Tribunal Constitucional por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque rompe el principio de Igualdad que establece nuestra Constitución, ya que solo podrán acudir a los tribunales quienes tengan dinero. Y por otro lado, porque vulnera la tutela judicial efectiva, puesto que las tasas tan desproporcionadas e imposibles de pagar para muchas personas hará que no puedan acudir a la Justicia”.
Asimismo, la secretaria general de la Agrupación Local Socialista ha indicado que, “con esta Ley de Tasas Judiciales, habrá asuntos cuya reclamación será superior, incluso, que la cuantía del pleito, como puede pasar con las multas de tráfico de 100 euros, cuya tasa para recurrir es de 200 euros”. “Todo ello, llevará consigo que haya un efecto disuasorio, por tanto, la gente no podrá defender sus intereses y sus derechos por falta de dinero”, ha indicado Verdier, quien ha aclarado que, además del PSOE, también se oponen a esta Ley las asociaciones de consumidores, sindicatos y todas las profesiones que actúan en los procesos judiciales, es decir, abogados, jueces, secretarios judiciales, procuradores, notarios, registradores…
“El Gobierno del PP no solamente quiere hacer una Justicia desigual, sino además que sea disuasoria, en la que las personas no tengan derechos a reclamar por sus intereses y sus derechos por falta de medios”, ha reiterado la secretaria general del PSOE-Chiclana, quien ha puesto como ejemplo un procedimiento civil verbal y cambiario, que hasta ahora costaba 90 euros y con la Ley de Tasas Judiciales alcanzaría los 150 euros; o un recurso de apelación, que pasaría de 300 a 800 euros. Asimismo, en el Contencioso Administrativo, un procedimiento ordinario, pasaría de 210 a 350 euros, etcétera…
El PSOE-Chiclana muestra su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Gobierno de Rajoy
El PSOE-Chiclana ha mostrado su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales, aprobada recientemente por el Gobierno de Rajoy, tras la propuesta planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. En este sentido, la secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, ha aclarado que “se trata de una medida que ha puesto en marcha el PP, con los votos en contra del resto de formaciones políticas en el Congreso, y que pretende que haya una Justicia para gente con dinero”.
De esta forma, según ha explicado Verdier, “el PSOE ha recurrido esta Ley al Tribunal Constitucional por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque rompe el principio de Igualdad que establece nuestra Constitución, ya que solo podrán acudir a los tribunales quienes tengan dinero. Y por otro lado, porque vulnera la tutela judicial efectiva, puesto que las tasas tan desproporcionadas e imposibles de pagar para muchas personas hará que no puedan acudir a la Justicia”.
Asimismo, la secretaria general de la Agrupación Local Socialista ha indicado que, “con esta Ley de Tasas Judiciales, habrá asuntos cuya reclamación será superior, incluso, que la cuantía del pleito, como puede pasar con las multas de tráfico de 100 euros, cuya tasa para recurrir es de 200 euros”. “Todo ello, llevará consigo que haya un efecto disuasorio, por tanto, la gente no podrá defender sus intereses y sus derechos por falta de dinero”, ha indicado Verdier, quien ha aclarado que, además del PSOE, también se oponen a esta Ley las asociaciones de consumidores, sindicatos y todas las profesiones que actúan en los procesos judiciales, es decir, abogados, jueces, secretarios judiciales, procuradores, notarios, registradores…
“El Gobierno del PP no solamente quiere hacer una Justicia desigual, sino además que sea disuasoria, en la que las personas no tengan derechos a reclamar por sus intereses y sus derechos por falta de medios”, ha reiterado la secretaria general del PSOE-Chiclana, quien ha puesto como ejemplo un procedimiento civil verbal y cambiario, que hasta ahora costaba 90 euros y con la Ley de Tasas Judiciales alcanzaría los 150 euros; o un recurso de apelación, que pasaría de 300 a 800 euros. Asimismo, en el Contencioso Administrativo, un procedimiento ordinario, pasaría de 210 a 350 euros, etcétera…
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