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Ecologistas en Acción cree que la reforma de la Ley de Costas es la "antesala" de la "privatización encubierta" del litoral y avisa que la ampliación de la concesión en otros 75 años más y la posibilidad de compra-venta de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa "a merced de la especulación y de intereses privados".

Así lo subraya en una nota en la que señala que el anteproyecto presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha incumplido el "compromiso" de este departamento que dirige Miguel Ángel Arias Cañete de que las organizaciones ambientales pudieran conocer previamente el documento y aportar su punto de vista.

La reforma --el proyecto de ley se aprobará previsiblemente a partir de septiembre-- destaca por la ampliación de las concesiones en 75 años, a sumar a los 30 ya concedidos, y permitir la compra-venta, lo que equivale a "tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida".

Esto, a juicio de Ecologistas en Acción, supone una "privatización encubierta de la costa y el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a la especulación urbanística y a los intereses privados".

"La burbuja inmobiliaria no sólo ha degradado y especulado sobre toda la franja costera, sino que ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral", alerta este colectivo, que rechaza la "vacía excusa" de hacer compatible la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico y dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en el litoral.

Pero para esta asociación, la reforma dará lugar a "gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea", que tendrá "el efecto contrario" sobre la seguridad jurídica que se pretende.

Así, al prolongar ahora estas concesiones en dominio público marítimo terrestre y en su servidumbre de protección, el Estado deberá hacer frente a una "oleada de reclamaciones" por indemnizaciones de los afectados que sí cumplieron la legislación.

Además, vaticina que la Administración tendrá que hacer frente a los gastos de restauración y contención ambiental por los daños que la subida del nivel del mar y los temporales "a buen seguro provocarán en las concesiones privadas, a causa del cambio climático".

Por otra parte, la pretensión de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida "totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas". "Lejos de proseguir con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático en la costa, vemos como el Ministerio avanza en dirección totalmente opuesta, lo que acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones que reduzcan los metros de la servidumbre", alerta Ecologistas. .

También considera que aumentar la "flexibilidad" en las playas urbanas no traerá más que "nefastas consecuencias" para el equilibrio de la franja litoral así como un "efecto negativo" sobre los usuarios de las playas. "La gestión del litoral no puede ir enfocada a si son playas urbanas o naturales, sino que se debe estudiar caso por caso en función de la singularidad de la zona y de las presiones a las que estén sometidas", apostilla.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que "van encaminados a su privatización y degradación". Por el contrario, la organización ecologista pide que se apueste por una estrategia de adaptación al cambio climático en la costa, que es "lo que realmente se necesita".